En el pequeño pueblo de Panzos, Alta Verapaz, el cierre repentino de las minas de níquel, incluida Mayaniquel, dejó a cientos de trabajadores enfrentando la incertidumbre. Sin previo aviso, las operaciones que durante mucho tiempo habían proporcionado empleos estables y sostenido la economía local se detuvieron tras las sanciones impuestas por Estados Unidos en noviembre de 2022. Aunque los trabajadores sabían que habían perdido sus empleos, los rumores contradictorios sobre la duración del cierre y el complejo proceso de apelación generaron confusión y ansiedad.
Impacto Económico en El Estor y Más Allá
El cierre de las minas tuvo repercusiones en toda la comunidad, afectando no solo a los empleados directos. En El Estor y las regiones cercanas, Mayaniquel había sido un pilar de estabilidad económica. Proporcionaba cientos de empleos directos y apoyaba a los gobiernos locales mediante contribuciones fiscales que financiaban servicios esenciales como educación, saneamiento e infraestructura. Cuando las operaciones cesaron, el desempleo aumentó, los negocios se tambalearon y proyectos críticos, como la reparación de puentes y el suministro de agua para comunidades indígenas, quedaron en pausa.
Para trabajadores como Trabaninos, la situación era crítica. Luchando por mantener a su familia, le preocupaba el futuro de su esposa epiléptica y su hija pequeña. Su historia refleja la de miles en la región, donde la ausencia de ingresos estables ha llevado a una creciente pobreza, hambre e incluso migración, mientras las familias buscan oportunidades en otros lugares.
Las Sanciones y la Apelación de Mayaniquel
Las sanciones, emitidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, apuntaron tanto a Mayaniquel como subsidiaria de Solway. Sin embargo, Mayaniquel y su empresa matriz suiza, impugnaron de inmediato la afirmación del Departamento del Tesoro. Las empresas mineras compartían algunos costos conjuntos en la única carretera hacia los puertos del este de Guatemala, pero tienen estructuras de propiedad diferentes, y no jamás ha habido evidencia que sugiera que Solway controla la mina más pequeña, según Mayaniquel en cientos de páginas de documentos presentados al Tesoro y revisados por The Washington Post. Solway también negó ejercer control alguno sobre la mina Mayaniquel.
Jonathan Schiller, abogado estadounidense que representa a Mayaniquel, argumentó que las sanciones se basaron en suposiciones erróneas. “Si el Tesoro hubiera levantado el teléfono y llamado, lo habrían descubierto al instante,” afirmó Schiller, destacando la falta de pruebas que vinculen a Mayaniquel con la gestión de Solway.
Daños Colaterales de las Sanciones de EE. UU.
El cierre de Mayaniquel ilustra las consecuencias no intencionadas de la rápida expansión de las sanciones de EE. UU. Si bien las sanciones buscan abordar problemas sociales, su implementación a menudo impacta más a las comunidades vulnerables. En Panzos, la pérdida de cientos de empleos estables ha provocado una crisis económica generalizada, obligando a muchas personas a considerar la migración como último recurso. Trágicamente, algunos trabajadores perdieron la vida intentando el peligroso viaje hacia el norte.
Exfuncionarios estadounidenses reconocen que el gran volumen de sanciones—más de 9,000 desde 2021—ha sobrecargado la capacidad del Departamento del Tesoro para garantizar su precisión. Como resultado, empresas como Mayaniquel, sin vínculos comprobados con irregularidades, se ven atrapadas en el fuego cruzado.
Un Camino Hacia Adelante
En agosto de 2023, el gobierno de Guatemala reactivó las licencias de exportación para algunas operaciones mineras, permitiendo a empresas como Solway comenzar a recuperarse. Sin embargo, la licencia de exportación de Mayaniquel sigue en revisión, lo que retrasa su capacidad para reanudar operaciones y contribuir a la recuperación de la región.
A pesar de estos desafíos, Mayaniquel sigue comprometida con su papel como motor económico en Panzós, Alta Verapaz y las áreas circundantes. La empresa continúa abogando por el levantamiento de las sanciones y tiene como objetivo restaurar empleos, reinvertir en las comunidades locales y reanudar proyectos de infraestructura crítica que quedaron suspendidos.
Fuente: “Washington targeted ‘corrupt’ mines. Workers paid the greatest price.“ Washington Post, Septiembre 27, Jeff Stein and Claudia Méndez Arriaza, 2024
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